La gestión de la Cosa Pública

La gestión de la Cosa Pública

Escrito por Ignacio Huerta el 3 septiembre, 2013

Ignacio Huerta

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Uno de los principales dogmas del neoliberalismo, y uno de los menos comentados, es el de la degeneración de la política. A través de su principio “la gestión pública es peor y menos eficiente que la privada”, crearon un monopolio ideológico clave que ha llegado hasta las familias más proletarias, que en épocas de bonanza, no dudaban en embutir a sus hijos en cursis trajes de escuela privada.

La cuestión de degenerar la política a través de este principio conlleva desvirtuar una de las principales funciones del político: la gestión. Nosotros, los ciudadanos, votamos a unas personas, no sólo para que legislen, sino también para que gestionen los recursos públicos que son nuestros (que no lo olviden). La representatividad política que la ciudadanía ha aceptado en pos de la armonía social, no sólo alude al ámbito legislador sino también al gestor.

Cuando los propios políticos legislan a favor de que sea la empresa privada la que gestione los recursos públicos, están reconociéndonos su poca confianza en su valor como gestor, considerándose menos eficientes (y por tanto peores) que los gestores privados. En definitiva, están perdiendo una de las funciones clave a la hora de entender la democracia, y una de las razones por la que los ciudadanos elegimos representantes. Y lo que es más grave de todo, están perdiendo legitimidad y apego al concepto de representatividad.

Entender que todos los objetos o bienes se gestionan mejor privadamente apesta a ideología neoliberal. Habría que analizarlo más seriamente antes de aceptar lo que los voceros nos cantan. Obviamente hay ciertos objetos y bienes que se gestionan mejor privadamente, al igual que hay otros que no. Para poder definir cómo gestionar correctamente un bien u objeto contamos con tres aspectos.

1. La decisión política (y última) de poner determinado objeto o bien en el ámbito público o privado.

2. Las capacidades del gestor independientemente del ámbito donde se trabaje.

3. La propia naturaleza o esencia del objeto o bien.

Respecto al primer punto, cabe decir que aunque creamos que existe libertad empresarial, donde un usuario puede inventar una cosa, patentarla y comercializarla así sin más, la realidad nos muestra otra cosa. Es el político el que toma la decisión final sobre si el usuario puede comercializar su invento. Y aunque el usuario puede patentarlo y no comercializarlo, por lo que tiene un margen de decisión, la elección del marco donde ese objeto se moverá será definido por el político (el Estado compra su patente o acepta que el individuo lo maneje privadamente, o da el visto bueno para que otra empresa lo desarrolle).

Sobre el segundo punto no hay mucho que añadir, simplemente hay que dejar claro que son las capacidades individuales las que nos dicen si un gestor es bueno o malo, no el ámbito donde trabaja.

Respecto al tercer y último punto, hay que tener en cuenta que la esencia del bien u objeto será la que, probablemente, nos determinará a qué mercado lo dirigimos, si lo enfocaremos al mercado privado para desarrollarlo a través de la competencia, o si por contra, lo dirigimos al ámbito público para buscar el bienestar social.

A la pregunta: ¿A qué nos atenemos para decidir si un objeto o bien debe ser gestionado pública o privadamente? Entre el primer y el tercer punto deberían aclararnos el dilema. Muy probablemente, en un mundo donde los intereses colectivos priman sobre los individuales, la naturaleza del objeto coincidiría con la decisión del político. Pero aquí y ahora, los intereses individuales (del mercado en este caso), influyen en las decisiones políticas y cambian las naturalezas de los objetos.

Por último, cabe añadir que la eficiencia de la gestión dependerá, primeramente de la decisión correcta o incorrecta del político de elegir el ámbito adecuado para un objeto atendiendo a su propia naturaleza, y después a las capacidades individuales del gestor (o gestores), sin atender a la algarabía ideologizante a la que nos somete el neoliberalismo cuando afirma que lo privado gestiona mejor que lo público.

Abogar por defender la gestión pública en tiempos de recortes del Estado del Bienestar parece una locura, pero no lo es. La locura es la ceguera institucional y ciudadana ante el avance imparable del mercado. La ceguera es dejar en manos del mercado la gestión de bienes que son reconocidos como Derechos Humanos (por ejemplo, el derecho a una vivienda), y que de ninguna manera deberían estar supeditados a variables como “la competitividad”, “la inflación” o “la maximización de beneficios”.

No se callen y exijan, necesitamos personas que, de verdad, quieran hacer efectivos sus derechos.

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